Hablar de lo que podría pasar si la sal se corrompiera no quiere decir que la sal sea incorruptible, como equivocadamente se cree cuando se lee la Biblia, en la que Cristo les dice a sus apóstoles que son la sal de la tierra, y que si se corrompen, se corromperá el cristianismo.
Es lo mismo en el Estado. Se supone que, en principio, todos los funcionarios son probos, honrados, ejemplo para los demás ciudadanos. Pero, como no ocurre así, hay que controlarlos en varios aspectos que perjudican a la comunidad.
Para controlarlos, hay organismos como Procuraduría, Contraloría, Auditoría, y hasta Fiscalía, y otros, integrados, obviamente, por personas cuya pulcritud en el manejo de lo público se espera que sea una muestra de integridad moral y legal.
Ellos son la sal del Estado. Son los llamados a enseñar, con su ejemplo, cómo se deben manejar los intereses del Estado, que son los mismos de los ciudadanos, y la garantía de que todo lo público se hace dentro de la mayor corrección.
Pero cuando esa sal se corrompe, como parece ocurrir en Colombia desde hace buen rato, es porque el imperio del mal reina soberano sobre toda la sociedad.
Los pueblos tienen los gobiernos que quieren y se merecen. Los gobernantes son, en cierto sentido, el rostro de la sociedad que les otorgó el poder. Unos y otra son como uña y carne. O, al menos, así debe ser en los tiempos que corren.
Y si, como en Colombia, un fiscal recibe un apartamento como regalo de un ciudadano sub iúdice para que le devuelva unas haciendas que le decomisaron, es porque la corrupción está tan arraigada que después de afectar a la sociedad llegó hasta la misma sal.
En realidad, no se trata de cualquier fiscal, sino de uno de los de más alto coturno, de aquellos que disponen de un poder desmesurado para aplicar las leyes como debe ser, o para torcerlas, sin tener que rendir cuentas casi a nadie.
Desde luego, ni toda la sociedad está corrupta, ni todos los funcionarios del Estado venden su conciencia y sus decisiones. Pero la cultura de la ilegalidad, que lo permea todo, incontenible sienta sus reales en todos los ámbitos sociales.
Nadie está libre del influjo de lo ilegal, de lo delictivo, pero no todos se dejan doblegar. Sin embargo, cuando la corrupción ha llegado hasta los más altos niveles de órganos como la fiscalía, la sociedad demuestra que enfrenta una crisis moral más grave de lo calculado.
El caso del fiscal Rodrigo Aldana Larrazábal ni es el primero ni el último, ni siquiera el más grave. Pero el hecho de que fuera un funcionario a sueldo de alguien tan cuestionado como Otto Bula, lleva a pensar que cualquier día puede saltar la liebre de la descomposición en cualquiera otra oficina de más alto nivel.
Y no es exagerado pensar que de Aldana hacia abajo cualquier cosa puede estar ocurriendo, en Norte de Santander y en Cúcuta, por ejemplo, para limitarnos solo a nuestra región, donde rumores sin desmentir que van y vienen sugieren que algunos funcionarios de los órganos de control están en sus cargos porque conviene a los intereses de quienes deben ser controlados.
¿Será así, o será el pueblo se deja llevar por consejas y susceptibilidades?
