Estoy de acuerdo con aquellos que dicen que 100 días de gobierno de alcaldes y gobernadores es un periodo corto para medir un real desempeño, pero no podemos perder de vista que sí es un periodo prudencial para que esos mandatarios informen con toda claridad como encontraron sus dependencias y cual es el derrotero para implantar el programa de gobierno propuesto en las urnas.

Toda acción debe ser medible, para poder entender su eficacia.

Cuando el tiempo transcurre sin que aparezcan las ejecutorias, la medición tiene que apuntar hacia un desempeño mediocre en donde las prioridades estarán concentradas en situaciones intranscendentes para los ciudadanos, seguramente porque no es posible experimentar las dinámicas del cambio propuesto, o porque los objetivos no son precisamente los de responder a los grandes anhelos ciudadanos.

Son 100 días, y vendrán otros 100, y nos encontraremos con el primer año y después con el segundo, en donde la claridad de la acción debe reflejar la materialización de las propuestas y la dirección correcta en la aplicación de las políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ciudadanos.

En lo mejor que pueden invertir los estamentos cívicos y comunitarios, es en el diseño de instrumentos claros de medición de los diferentes factores de la acción gubernamental.

Y también en las posibilidades de oportuna y real comparación, frente a la acción de los demás entes gubernamentales en el país, pues allí es en donde va a ser posible deducir también quienes son los que más trabajan, los que han podido vencer obstáculos y los que tienen más realizaciones para mostrar en su recorrido.

El ojo ciudadano debe permanecer siempre alerta, pues resulta ser el mejor fiscalizador de la acción de una administración. A su vez, una ciudadanía inquieta y actuante, tendrá siempre al gobernante preocupado no solo por ejecutar, sino también por acertar.

En este mismo sentido, permite asegurar niveles de transparencia para que los actos de la administración estén purgados de interferencias que son las que conducen a la corrupción y a la dilapidación de los recursos públicos, situación hoy tan preocupante en muchos escenarios, que indican que en Colombia la corrupción no cede.