La estatal Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) de Ecuador impuso una multa de USD 3.750 a siete medios ecuatorianos por "censura previa" al no difundir un reportaje del diario argentino Página 12 que vinculaba al opositor Guillermo Lasso con empresas en paraísos fiscales.
"Se omitió a la ciudadanía dicha información por lo que se incurrió en censura previa, razón por la que se sanciona a los medios con diez salarios básicos y se los motiva a mejorar sus prácticas periodísticas", dijo el titular de la Supercom, Carlos Ochoa.
Los medios sancionados, a raíz de una denuncia interpuesta por el Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, son cuatro diarios, El Comercio, La Hora, Expreso, El Universo, y los canales de televisión Televicentro, Teleamazonas y Ecuavisa.
Titulado "Lasso, el magnate de las offshore", el reportaje del rotativo izquierdista argentino, publicado el 15 de marzo y difundido por varios medios públicos del país andino días antes del balotaje del 2 de abril, denunciaba que el candidato de derecha "está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales".
Asimismo, acusaba a Lasso, expresidente del Banco de Guayaquil, de haberse enriquecido con la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario en 1999, "el equivalente al corralito argentino", considerada la mayor crisis financiera en Ecuador.
La Supercom, un órgano nacido en 213 con la polémica Ley de Comunicación promovida por el gobierno de Rafael Correa, recuerda que Página 12 "es uno de los principales medios multimedia de Argentina" y que la "ley dispone abstenerse de omitir, intencionalmente, información de relevancia pública o interés general".
"¿El patrimonio de un candidato a la presidencia, sus orígenes y el lugar donde este se encuentra, es o no un hecho de interés público?", dijo Ochoa.
La ley de Comunicación, cuestionada por organizaciones internacionales y locales de libertad de prensa, surgió de una consulta popular y es defendida por Correa como un freno a los abusos de los medios privados, a los que suele identificar como su mayor opositor.
La legislación aumentó los controles sobre la prensa, con cientos de sanciones desde su promulgación, y fijó una nueva distribución de frecuencias de radio y televisión entre sectores privados, públicos y comunitarios.
