Empiezan controles para frenar fraudes con remesas

22 de mayo de 2013

El Gobierno de Nicolás Maduro anunció drásticas medidas para frenar el descontrolado envío de remesas desde el estado Táchira hacia Cúcuta, en donde miles de personas se amontonan cada mes para retirar el dinero que es enviado desde Venezuela
El anuncio del Gobierno venezolano de imponer severos controles a las remesas familiares que se envían al exterior empezó a hacerse realidad.

La primera medida para extremar los controles entró en vigencia en días pasados y tiene que ver con el cambio de lugar de expedición de las cartas de residencia. Este trámite, que antes estaba en manos de las delegaciones y consejos comunales de los municipios del estado Táchira, ahora solo podrá hacerse en la gobernación, lo que implica que cualquier persona que lo requiera, debe viajar hasta San Cristóbal para obtener la carta.

Así mismo, los que soliciten este documento, tendrán que someterse a una inspección en la que un funcionario oficial verificará si el solicitante vive en la dirección que aparece registrada. La carta de residencia no será entregada hasta tanto esta visita no se cumpla.

Estas medidas fueron anunciadas por el  registrador principal del estado Táchira, Alejandro Méndez, quien hace parte del equipo establecido por el Gobierno venezolano para investigar los posibles fraudes que se están realizando con estos dineros.

El negocio está relacionado con el tráfico de dólares preferenciales de las remesas, a través de personas que envían el dinero desde Venezuela, lo cobran en el otro país y luego lo cambian nuevamente a bolívares, quedándose con un amplio porcentaje en la transferencia.

Según el diagnóstico del Gobierno estatal, no son pocos los casos en los cuales el remitente va hasta Cúcuta y saca en pesos lo que ha enviado en dólares, entregándoles a sus presuntos familiares una pequeña comisión por haber prestado su nombre. El resto del diferencial cambiario se convierte en una utilidad que a veces alcanza a ser del 300 por ciento sobre el monto invertido.

Según Méndez, esto negocio se ha desarrollado gracias a las mafias que existen tanto en el lado colombiano como en el venezolano, las cuales se han dedicado a falsificar los documentos exigidos por Cadivi para poder enviar remesas. Por cada papel falso cobran cerca de 2 mil bolívares (unos $140.000).

Las investigaciones han arrojado, además, un preocupante panorama que involucra, incluso, a funcionarios públicos que trabajan en el Táchira, que aparecen como residentes en Colombia y cobran una remesa.

Ya hay contacto entre los dos países para extremar controles

Como el negocio de las remesas involucra tanto a Colombia como a Venezuela, La Opinión conoció que ya existe una comunicación entre consulados para reforzar los controles que permitan normalizar la situación y garantizar el adecuado uso de este beneficio.

También se ha establecido contacto con las universidades colombianas en las que aparecen registrados gran número de venezolanos que reciben remesas y que habrían falsificado sus certificados de estudio para completar los requisitos.  

Según el funcionario, en las próximas semanas las remesas van a disminuir fuertemente y se empezarán a presentar casos en los que se bloqueará el envío del dinero a las personas que estén cometiendo irregularidades.  

Se estima que se están entregando aproximadamente 10.000 cartas de residencia por mes, lo que indica que las remesas mensualmente en el estado Táchira le representan al país cerca de 3 millones de dólares.

Las dos caras de la moneda

Álvaro Gutiérrez es un cucuteño, estudiante universitario, que hace varios años se beneficia mes a mes de las remesas que su mamá le envía desde San Cristóbal.

Gutiérrez ve con suma preocu-pación los anuncios que durante los últimos días han hecho las autoridades regionales del estado Táchira, en cuanto a la rigurosa re-visión que comenzarán a aplicar a los miles de ciudadanos que envían remesas desde Venezuela.

Según manifestó, durante febrero, marzo y abril no pudieron recibir las remesas porque el gobierno aseguró que estaba haciendo auditorias.

“La preocupación es que nos perjudiquen a los que sí lo hacemos de forma legal”, afirmó el estudiante.

De otra parte, y en mayor cantidad, se observan casos como los de Sandra Liliana Ordóñez, quien reside en Cúcuta y se beneficia ilegalmente de las remesas que cada mes cambia en la casilla de una empresa de giros en la capital nortesantandereana.

Sandra Liliana aparece censada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) hace varios años, cuando por motivos de trabajo vivía en el país vecino.

Ella viaja cada mes hasta San Cristóbal para depositar los bolívares y posteriormente retirarlos, en pesos, en Cúcuta.

Penas de hasta 7 años de cárcel

En Venezuela existe la Ley de Ilícitos Cambiarios, que según el registrador, podría aplicársele a quienes se les compruebe que han incurrido en fraude.

Esa ley contempla en su artículo 10,  que quien obtenga divisas de manera fraudulenta, por engaño o por causa falsa, debe pagar prisión de entre tres  y siete  años de cárcel, además de multas que equivalen al doble de lo estafado, y en el caso de que el delito lo cometa un funcionario público, la pena debe ser aumentada en un tercio, de manera que  a quienes se les compruebe algún ilícito podrían estar enfrentando estas penas establecidas en la legislación venezolana.

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