La queja es generalizada: no hay quien se haga cargo del campo colombiano, porque los muchachos no quieren seguir los pasos de sus padres, que han pasado la vida pegados al surco, bajo el sol, mascullando maldiciones y soñando esperanzas de un mejor mañana para ellos y sus familias.
Los menores de 40 años nada quieren hoy con el agro, a no ser disfrutar la comida que produce y tener un lugar de referencia para su familia. Según estudios, el campo en Norte de Santander está en manos de personas de 35 años hacia arriba.
De 15.571 productores jefes de hogar en el campo del departamento, 7.893, la mitad, tienen edades entre 35 y 64 años. Los jóvenes han emigrado a la ciudad. Unos, enviados a estudiar, ya no tienen necesidad de volver. Los demás han ido a buscar cómo ganarse la vida con menos dureza que las que se viven en el campo, y no quieren mirar atrás.
Esta situación la han vivido, en diferentes épocas, todos los países, incluso los desarrollados, donde también el campo es de y para los viejos, pero han optado por soluciones radicales que han logrado evitar el colapso de la economía rural.
Políticas de estímulos tributarios o de beneficios crediticios o incluso de bajo costo en insumos, no han dado los resultados esperados por los gobiernos. Otras soluciones, más pragmáticas, como la de impulsar la inmigración extranjera legal han producido beneficios en muchos sentidos.
Colombia podría pensar en una solución como esta, aprovechando que en algunos países, como Venezuela, por ejemplo, la situación política, social, religiosa o económica se hace insoportable, lo que obliga a miles y miles a salir al exterior.
Colombia tiene hoy un problema ante el cual el gobierno prefiere vendarse los ojos, para no verlo y que no haya motivos para reclamarle, y es la incontenible y creciente de venezolanos indocumentados que, en muchos casos, por absoluta falta de control, ocupan de manera ilegal plazas laborales que son de colombianos.
Diseñar un plan institucional para canalizar la inmigración venezolana de una manera legal, mediante visas de trabajo a cambio de radicarse en el campo es una solución doble: por un lado, se ayuda a tantos necesitados que están llegando, y por otro, se satisface la necesidad agropecuaria de mano de obra.
Además, se superaría así el problema de la ilegalidad que se registra en todo lo relacionado con el ingreso masivo y sin retorno de centenares de ciudadanos de Venezuela cada día, todos los días.
Desde luego, hay que admitir que los venezolanos que están ingresando en cantidades cada vez más grandes, son ajenos a la cultura rural, y más, a todas las actividades del agro, pero hay puestos de trabajo que no requieren de experiencia suficiente y el adiestramiento no requiere de mayores esfuerzos.
Cada inmigrante que llega en situación de ilegalidad le quita integridad a la soberanía colombiana, en un fenómeno en el que el Estado es el responsable único de todo cuanto ocurre en este aspecto, incluido lo que significa, jurídicamente, el reconocimiento pleno de derechos a quienes se les ha permitido ingresar y además quedarse a vivir.
¿Por qué, no canalizar ese fenómeno en beneficio del agro y del país?
