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Viernes, 21 Abril 2017 - 1:00am

Que sean 5 años

Con motivo del otorgamiento de la concesión de la vía entre Cúcuta y Pamplona, ya hay dudas sobre si el plazo se cumplirá.

Siempre que se contratan grandes obras públicas, en la opinión pública surge toda clase de dudas en relación con lo que se necesita, lo que se contrata y lo que al final se entrega. Desde luego, es la experiencia muy larga que tiene Colombia en materia de cumplimiento de los contratos del Estado.

La contratación pública, lo sabemos todos los colombianos, es la principal y más frecuente fuente de corrupción.

Está sucediendo en Norte de Santander: con motivo del otorgamiento de la concesión de la vía de cuarta generación entre Cúcuta y Pamplona a la compañía española Sacyr, ya hay dudas sobre si, por lo menos el plazo de 5 años, que se pactó, se cumplirá.

La duda tiene fundamento. Sacyr es conocida por el escándalo, que se ocasionó por el retraso de dos años de la obra encargada a un consorcio en el que Sacyr tiene 28 por ciento de las acciones. Los otros socios son Impregilo, firma italiana rodeada de escándalos en el exterior y en Colombia, y Jan de Nul, con registro de Luxemburgo, famosa igualmente por situaciones poco claras en sus contratos, incluso en Colombia.

Por razón de las obras del canal, Panamá se defiende de demandas del trío europeo de compañías, que calculan en 5.673 millones de dólares los sobrecostos que están dispuestas a reclamar a la arrinconada Autoridad del Canal.

Por otro lado, en las últimas semanas, algunas compañías españolas enfrentan procesos jurídicos de importancia en Colombia, y es fácil para la gente asociar una firma española con otra. Es una generalización, claro, pero es parte de la matriz de opinión formada en torno de la contratación estatal.

Sacyr trabaja en otras vías del plan gubernamental de cuarta generación hasta ahora sin problemas, y en el caso local, dispone de un año para gestionar todo lo relativo a los diseños, y luego, cuatro más para entregar la obra finalizada en concordancia con el contrato.

Sin ir más allá, la opinión pública tiene razones suficientes para dudar sobre el futuro mediato de la carretera. ¿Cuánto más del 1,3 billón de pesos contratado habrá que pagar por sobrecostos? ¿Los cinco años pactados si será un plazo que se respetará? Ojalá se cumplan todos los plazos y presupuestos acordados.

Para eso está la interventoría del proyecto, pero además de ello que es lo de ley, la oportunidad está para que, del seno de la sociedad civil, surjan veedurías y controles que velen por los dineros públicos, que son dineros de todos, con el fin de que, eventuales irregularidades en el cumplimiento del contrato, se subsanen a tiempo, y no haya los escandalosos sobrecostos acostumbrados.

Una de las razones por las cuales los corruptos se adueñan de lo público está, precisamente, en la falta de control tanto estatal como ciudadano de lo que se hace con los recursos oficiales… Y en tiempos de corrupción generalizada, como son los de hoy, lo más sano es ejercer veedurías. Les conviene a los contratistas y al Estado y a la región especialmente.

Y permite ir arrinconando tantas prácticas delictivas que jamás se sancionan.

Ojalá esta vía se termine dentro de los planes pactados. Si Sacyr dijo que su obra cuesta 1,3 billones, 200 mil millones de pesos por debajo de lo presupuestado, pues debe ser porque así será. Ojalá.

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