El territorio del Catatumbo, en Norte Santander, es exuberante y profundo, con una extensión que tiene recursos naturales de gran riqueza, cuya adecuada explotación haría posible satisfacer las necesidades de su población con amplitud y niveles óptimos de bienestar, además de sus rendimientos favorables para el fortalecimiento de la economía regional.
Esas posibilidades no son ajenas al conocimiento de los dirigentes regionales ni de quienes tienen el manejo de los asuntos nacionales en todos los campos. Tanto, que se han formulado planes tendientes al mejor aprovechamiento de cuanto puede canalizarse hacia productos de constante demanda en los mercados del país y del exterior.
Contrasta con esa perspectiva la concurrencia y acumulación de situaciones de alto impacto negativo. La llegada sucesiva de grupos armados de diferentes corrientes para generar acciones o escaladas subversivas y criminales mediante cruentas ofensivas u otras acciones criminales, en el pasado y en el presente, ha hecho desgraciada la vida de la población que habita el territorio. A ello se suma el dominio del narcotráfico con sus crecientes cultivos de coca, que es otra de las secuelas del poder de los violentos.
Además, el atraso en vías, educación, salud y protección ambiental elevan los índices de pobreza, con una mayor perturbación en todo el entorno social.
La ausencia del Estado ha permitido el desaprovechamiento y deterioro del Catatumbo. Por eso los grupos armados encontraron allí un campo propicio a su expansión. La arremetida del paramilitarismo fue atroz, que sumado a las incursiones de las Farc (afortunadamente ahora en proceso de desmovilización), el Eln y el Epl, produjo una mezcla asfixiante de muerte, despojo, desplazamiento e incertidumbre, todavía vigentes.
Hay en El Catatumbo una secuencia de violencia con objetivos bien determinados. Los últimos homicidios así lo indican. El asesinato del capitán Víctor Manuel Benavides, jefe de la Sijin en Norte Santander, redobla la evidencia respecto a la ofensiva en que se encuentran los grupos criminales, como Los Pelusos, al cual se le atribuye la autoría de su muerte.
Pero ante esos hechos no vale que solamente se prendan las alarmas entre los gobernantes y los sectores dirigentes de la nación y el departamento. Tiene que haber una respuesta más contundente de parte de las autoridades. Mas no se trata de operativos de represión. Debe ser la respuesta completa de los organismos del Estado encargados de velar por la seguridad y el bienestar de la población. Respuestas de paz, de justicia, de reparación y de ejercicio efectivo de la autoridad para contener a los delincuentes y para garantizar la integridad de la vida y de sus derechos a quienes habitan el suelo colombiano.
En cuanto al Catatumbo se requiere una gestión de Gobierno excepcional. Hay que poner en marcha planes coherentes para la construcción de obras que proporcionen mejores condiciones de vida a la población y al mismo tiempo la libren de la dependencia de los cultivos de coca y de la cadena de violencias de los grupos armados.
No puede seguir el Catatumbo como un territorio sumido en el laberinto, en medio de un conflicto perenne, al que no se le encuentra una salida fácil.
