Ante la recurrencia de la corrupción en el mundo y en lo cual Colombia aparece con una participación entre las más altas, es posible caer en el escepticismo respecto a los anuncios oficiales sobre lucha contra semejante monstruo. Ese riesgo debe superarse aplicando correctivos que le pongan fin a la turbulencia acumulada en tantos años de consentida complicidad.

Siempre que se toca el tema se prenden las alarmas y desde el Gobierno se asume el compromiso de no darle tregua a los encartados en actos ilícitos. Pero los resultados siempre han estado por debajo de las expectativas o de la magnitud de los delitos cometidos. El propio presidente Juan Manuel Santos advertía la laxitud predominante en la aplicación de sanciones judiciales a los depredadores de recursos públicos o particulares. Se les trata con excepción (rebajas de penas, detención domiciliaria, aceptación de insolvencia casi siempre ficticia y de coartadas para aparecer libre de responsabilidades vinculantes) y se les facilitan los medios que llevan a la impunidad.

Mientras la justicia no sea rigurosa en las sanciones a los delincuentes en casos de corrupción, ese flagelo seguirá en expansión, como hasta ahora. A los que se roban los recursos oficiales o defraudan a incautos mediante operaciones financieras fraudulentas, se les debe imponer el reintegro de cuanto se apropiaron abusivamente. Además, se les debe cerrar el camino a los traficantes de contrataciones violatorias de la ley.

Cuando los que se han enriquecido en forma ilícita tengan que devolver lo que se llevaron será posible cerrarle el paso a tanta picardía.

Se requiere que los órganos de control ejerzan su función en forma oportuna y correcta, sin sujeción a los desvíos para la trampa. Es indispensable que los partidos no sean receptores de protagonistas de conductas punibles y contribuyan a que la política se haga como ejercicio decente de lo público con un mínimo siquiera de ética.

La permisividad de las malas conductas, el patrocinio de dirigentes comprometidos en causas criminales, la tolerancia con los que derrochan los presupuestos de salud, educación, servicios de alimentación escolar y otros beneficios para la comunidad, es parte del entramado de la corrupción. Hay que romper con eso. Como debe imponerse la transparencia en cuanto tenga relación con el manejo de lo público.

La creación de un frente destinado a combatir la corrupción debe tener resultados demostrativos de que esa acción no es de apariencia sino de compromiso prioritario. No hay tiempo que perder.

La relación de la paz y la erradicación de la corrupción no pueden ser una expresión retórica, o un saludo a la bandera. Es el saneamiento de lo público a fin de infundirle al Estado las fortalezas propias de sus fines. Y estos son los del bienestar colectivo y la construcción de una democracia que blinde a la nación contra las adversidades de la perversidad.

Puntada

No faltan los que buscan poner como responsables de la corrupción en Odebrecht a los que no son para tapar a los verdaderos protagonistas. Parecieran ser abogados del diablo. ¡Que cinismo!