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La Ley Anticontrabando

Los dueños de los locales que arrienden, podrán ser objeto de procesos de extinción de dominio.

Se supone que cuando el Congreso de un país aprueba una ley es para solucionar un problema, para encontrarle solución a una crisis.

La ley debe ser eficaz y oportuna. Lo que no le es permitido a un Gobierno es dejar de hacer lo que le corresponde, no tomar las medidas que debió haber implementado en algún momento, y después de manera irresponsable, pretender que la ley solucione lo que en su momento la autoridad no hizo.

Tomemos un ejemplo cualquiera: es como si el Gobierno no hace nada contra el microtráfico de droga en las ciudades, y como consecuencia de ello los jóvenes dejan de estudiar, la drogadicción aumenta, la inseguridad crece, y después cuando el problema está desbordado, pretende que una ley corrija lo que en su momento no se hizo.

Mucho de esto está sucediendo con la ley anti contrabando que esta semana en el senado fue aprobada en último debate. Más de lo mismo.

Quien venda en pimpinas más de 40 galones de gasolina, la pena aumenta de 4 a 6 años. Quienes la comercializan en más de 80 galones, la pena podrá llegar hasta 15 años de prisión.

Los dueños de los locales que arrienden, podrán ser objeto de procesos de extinción de dominio.

¿Y cómo se manifiesta esa falta de gobierno, una vez más, con este tema? Pues miren, a Bucaramanga el Gobierno le tiene asignado un cupo de 12 millones de galones para proveer sus necesidades de combustible, mientras que a Cúcuta únicamente nos asignan 3 millones, nuevamente en desventaja.

¿De dónde creen en Bogotá que la gente de la frontera puede traer ese faltante? ¿Que Maduro nos la regala? Aún recuerdo un director de la Dian que vino a la ciudad, y después de una visita de dos días, expresaba que había encontrado que aquí había contrabando.

Por lo menos descubrió algo ese funcionario. No estoy en el plan de defender ningún pimpinero ni comerciante de San Andresito porque no conozco a ninguno.

Lo que critico es una vez más el desacierto del Gobierno central al no haber tomado oportunamente algunas medidas de frontera, y ahora, tardíamente trata de remediarlas a través de una ley.

Resulta paradójico que se cumplen 20 años de haberse expedido la ley 191 de fronteras de 1.995, y con ella se creó el marco para establecer regímenes especiales en materia de trabajo, seguridad social, empleo, tributos para las zonas de fronteras, y que sepa, después de 20 años, no se ha tomado ninguna medida.

En 20 años no se expidió decreto alguno en ese sentido, y ahora con la ley, mucha gente que hoy en día apenas sobrevive con dificultad, puede terminar con 10 años o más en una cárcel. Los que ejercen actividades de lavados de activos y se les pruebe esa actividad  tienen que pagar por sus prácticas ilegales; de eso no hay duda pero eso es otra cosa.

Mientras vemos lo que se nos viene encima  en razón de la nueva ley, viendo por los pasillos del palacio de justicia como las cárceles no dan abasto, los temas de la frontera siguen igual.

Más que solucionar una crisis que es real como tuvo oportunidad de expresarlo en el Congreso Alejandro Carlos Chacón, de alguna forma lo que hace es agravarla. En eso andamos mientras seguimos en campaña.

Domingo, 21 de Junio de 2015
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