En el año 1999, asumió las riendas de la alcaldía una experimentada persona la cual reemplazó al exalcalde José Gélvez, y en quince meses tomó varias decisiones en materia de movilidad, empezando por cambiar los uniformes de los agentes de tránsito en nómina, incluyendo el casco tipo safari exactamente igual a los que utilizan los cazadores del África, aunque en este caso se trataba de cazar incautos conductores que fueron presa de sus aviesas actuaciones.
En el año 2000 y ante la alarmante situación de la movilidad, el alcalde encargado decidió que un contrato de concesión del servicio de grúas, resolvería la problemática de los infractores que abandonan sus vehículos en sitios prohibidos.
Lo anterior, surtió un trámite que tuvo la aprobación del Concejo Municipal según Acuerdo 022 del año 2000, y de inmediato se realizó el respectivo proceso contractual, que arrojó como resultado una “maravillosa concesión” por espacio de veintiún (21) años, con la obligación de tener tan solo tres grúas, como si los infractores disminuyeran en el tiempo.
Con base en las cláusulas del citado contrato, el concesionario reconoce a la Secretaría de Tránsito y Transporte menos de cinco mil pesos ($5.000) por cada vehículo remolcado, que corresponden al diez por ciento de valor pactado por vehículo, con el respectivo incremento anual y le deben garantizar como mínimo cinco vehículos diarios, de lo cual se puede concluir que la suma que puede recaudar la Secretaría de Tránsito y Transporte, es insignificante comparada con la utilidad del contrato. Además, cada vehículo encargado de remolcar, debe transportar un uniformado que de acuerdo a su estado de ánimo, escoge el sitio y el objetivo de tal manera que ese compromiso contractual reduce el actuar de la Policía Nacional, responsable de la parte operativa.
Considero que la concesión debe ser revisada juiciosamente y con base en criterios jurídicos debidamente soportados por conceptos técnicos, se pueda determinar la necesidad de realizar un nuevo proceso contractual, de tal manera que se justifique el ingreso de nuevos equipos que permitan aplicar las normas de tránsito en toda su extensión, porque las causales de inmovilización son tantas que triplicando el número de grúas, difícilmente se podrá cumplir con la misión encomendada al responsable de la movilidad.
Lo anterior no significa que esté aprobando la idea de prorrogar de alguna forma el actual contrato, puesto que eso sería darle vida a un servicio que está muy lejano de la verdadera necesidad y a estas alturas, no vale la pena hacer críticas y debates de lo que se debió hacer hace quince años, porque saldrían lastimadas muchas personas. Nuevamente, la decisión está bajo la responsabilidad de la actual administración y de los actuales e inquietos concejales de nuestra muy lastimada ciudad.
