Recuerdo que desde el primer semestre del año pasado se empezó a hablar del blindaje del Acuerdo de La Habana, mecanismo mediante el cual se le brindaría seguridad jurídica a lo pactado por Juan Manuel Santos y las Farc. Entonces se propuso de todo: acto legislativo para la paz, bloque de constitucionalidad, Resolución 2261 de las Naciones Unidas -ONU-, Convenciones de Ginebra de 1949, Consejo Federal Suizo en Berna, Convenios de Ginebra, etc. En fin, en el Congreso de la República propusieron de todo para tener contento al Príncipe.

Pero lo del pasado 21 de febrero y sucesivo rebasó la copa. El proceso para blindar jurídicamente lo acordado en La Habana fue llevado al extremo de prohibir terminantemente, mediante acto legislativo, la reforma a dichos textos.

Con esta disposición se está constitucionalizando el llamado “Acuerdo de paz”, y esta interferencia del Ejecutivo en el constituyente derivado agrede el principio de la separación de poderes, consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como fundamento de todo Estado que se jacte de tener Constitución. La “colaboración armónica” que predica la Carta entre órganos del Estado no debe ser de sometimiento, sumisión y humillación, sino de coadyuvancia en la realización de los fines del Estado.

Ninguna Constitución puede ser absolutamente rígida -en el sentido de ser inmodificable-, esa es una ilusión vana que pronto el tiempo pone a prueba, cuando cambien las condiciones políticas, sociales y económicas. Desde 1793  la Asamblea Nacional francesa consagró en su Carta que “Una generación no puede sujetar a las generaciones futuras a sus leyes”.  Exactamente lo que este Gobierno quiere hacer ahora: amarrar a sus leyes a sus sucesores, transgrediendo el Código Superior que tanto necesita. ¡Increíble!

Todo esto parece retrotraernos poco más de cien años, si leemos con juicio las palabras que en 1904 pronunció el senador Marceliano Vélez Barreneche, en el sentido “que los partidos políticos convierten las Constituciones en arcas santas, y la única forma de reformarlas es a balazos”. Sí, las cláusulas pétreas generan violencia, bien entre formaciones políticas antagónicas o por un gobierno que advierte la necesidad de su reforma y se ve maniatado.

El presidente Santos quiere que luego de extinguido su mandato, su obra magna -los Acuerdos de La Habana- permanezcan intactos, y para ello nuestro orden jurídico ha sido atropellado. Nuestra Constitución es escrita, lo sabemos; es una “hoja de papel”, como decía Ferdinand Lasalle, y el presidente Santos parece decir lo que en 1847 manifestaba Federico Guillermo IV: “Nunca permitiré que entre Dios del cielo y mi país se interponga una hoja de papel”. Es decir, la Constitución le valía…