Las personas en condición de discapacidad, son ciudadanos de primera categoría. En pleno Siglo XXI, - uno supone- que es obvio. Sin embargo, aún hay personas que consideran la discapacidad como un estado anormal y les imponen la obligación de asumirse como personas enfermas, dependientes o como ciudadanos sin derechos.

El porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza en el mundo está en el 80% según la ONU. Colombia no se queda atrás con 1’240.619 de personas de las cuales, el 45.47% es mayor de 60 años; el 61% no tienen fuente de ingresos para su subsistencia. Y, por si fuera poco, 143.750 son víctimas del conflicto armado.

La discapacidad no puede ser tratada como un defecto o problema personal, es una circunstancia social, donde la sociedad y el Estado, estamos comprometidos en la garantía de sus derechos y su inclusión. Los discapacitados, deben acceder a la formación académica, técnica o tecnológica y ser los motores de productividad para el país.

Por muchos años, las personas en condición de discapacidad han enfrentado barreras de todo tipo, como, por ejemplo, barreras de orden físico, comunicativas, que dificultan las relaciones y el acceso a la información y a los medios de comunicación; barreras actitudinales y socioeconómicas. Todo como consecuencia de los prejuicios de varios grupos sociales, que generan una gran limitación en el acceso a las oportunidades y anulan el goce de sus derechos.

Necesitamos que la sociedad los reconozca, que no los mire como enfermos o ciudadanos de segunda, son sujetos de derechos que tienen plena capacidad para producir y para actuar.

El pasado 6 de abril, congresistas de varios partidos políticos, estuvimos en el lanzamiento de “Bancada In”, que busca la urgente promoción de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Se trata de abrir un canal de comunicación y de apoyo técnico con el Consejo Nacional de Discapacidad. Iniciativa que apoyo decididamente, porque es muy importante que exista un grupo de Parlamentarios organizado en bancada, que se dedique a avanzar en la agenda pública relacionada con la legislación y los temas de interés para una población tradicionalmente marginada, excluida y sin oportunidades.

Este es un reto y un desafío prioritario para el Congreso. Queremos y necesitamos ciudadanos libres, independientes, con acceso a educación y trabajo. Por esto, debemos seguir adoptando medidas orientadas a combatir la discriminación de la población en situación de discapacidad.