Y seguiremos recordando esa infamia, año a año, como pasando las cuentas del rosario de impunidad en que se convirtió el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre de 1996. De la misma forma que el régimen que denunció en vida le cerró todos los caminos para llegar a la presidencia de la República, ese mismo régimen encerró en un laberinto kafkiano el proceso de su asesinato, para que la verdad no pueda salir a campo abierto, para que nunca se conozca, para que los culpables sigan por ahí, diciendo y desdiciendo, haciendo y deshaciendo, avergonzando la majestad de la justicia, una de las grandes banderas de Álvaro Gómez y, fatalmente, el derecho póstumo que a él le fue denegado, y que hoy siguen reclamando su familia y el país entero.
Para mí, el verbo morir debería tener solo su forma reflexiva, porque la gente debe “morirse”, no que la maten. Para mí, el asesinato debería ser un delito imprescriptible, porque el derecho a la vida es fundamental entre los fundamentales. Para mí, todo asesinato es un delito de lesa humanidad, porque toda vida segada por el odio y la violencia lesiona el concepto de humanidad.
No obstante, la necesidad del ser humano de clasificar todo para poderlo entender y manejar, determinó unas condiciones para la definición del delito de lesa humanidad, condiciones que se cumplen a cabalidad en el caso de Álvaro Gómez, como se cumplieron en el de Luis Carlos Galán y en otros tantos que el país conoce, porque hicieron parte de un ataque sistemático y generalizado del narcotráfico, que omnipotente y omnipresente en esa época aciaga de la historia nacional, infiltró al régimen que debía combatirlo y pretendió doblegar a la sociedad colombiana con el terror y la violencia.
Por el reconocimiento de ese escenario histórico incuestionable, por la condición misma de la persona de Álvaro Gómez Hurtado, por su importancia en la historia del país en el siglo XX y por su proyección en la sociedad –no en vano fue uno de los padres de la Constitución que nos rige–, su magnicidio, como el de Guillermo Cano o el de Rodrigo Lara, no es un asunto que afrente solamente a la familia Gómez o al partido conservador; entenderlo así ha sido una mezquindad conveniente de la Fiscalía. Este es un asunto que afrenta al país y a sus instituciones democráticas; instituciones que, por fuera del cálido entorno hogareño de Margarita, de sus hijos y de su hermano Enrique, fueron el espacio vital de Álvaro Gómez, la razón de su existencia. A ellas entregó toda su vida y por ellas la perdió.
La perdió porque su talante de honestidad personal e intelectual lo colocó, indefectiblemente, en el desierto de la oposición al régimen, entendido como ese sistema de vasos comunicantes, de puertas falsas, de madrigueras donde se esconde la corrupción, la justicia se refunde, las instituciones se destruyen, y en donde las ideas y la dignidad son mercancía que se vende o se cambia por cualquier abalorio, como la vida de Stepansky.
Álvaro Gómez fue un gran pensador, doctrinario para muchos, sobre todo en estos tiempos, en que la defensa vertical de las convicciones es mal vista porque se atraviesa a los intereses de ocasión que son el objetivo de la política.
Álvaro Gómez fue un hombre culto y universal, ecuménico; escritor magnífico y conversador ameno, con esa particular gestualidad que quedó grabada en mis recuerdos de largas horas de tertulia. Su memoria no merece el olvido; su sacrificio no merece la impunidad.
