La Defensoría del Pueblo advirtió que están en riesgo la vida y las libertades de quienes habitan en Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento, en Córdoba, mediante la Alerta Temprana 011 de 2024.
El documento aseveró que el "accionar indiscriminado" y la expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, representan un peligro para la población civil debido a los distintos eslabones del narcotráfico.
La Defensoría notó que el territorio de los siete municipios ha sido utilizado para el tránsito, el refugio y la obtención de rentas ilícitas, así como para la disputa territorial iniciada por el Clan del Golfo contra organizaciones delictivas locales.
El accionar del grupo armado ha llegado al punto de caer en retaliaciones que se describen en la zona como "limpieza social", en medio de dinámicas de control poblacional y territorial por parte del frente Javier Yepes Cantero.
De acuerdo con el ente humanitario, el objetivo de ese frente, que controla las operaciones ilícitas desde Montería, Cereté y Planeta Rica, es consolidar su injerencia en Medio Sinú y Sabanas para crear "zonas seguras" y obtener rentas criminales.
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Las siete poblaciones alertadas, junto a sus áreas rurales, son el territorio más importante del pueblo Zenú en Córdoba. Sus habitantes sostienen vínculos ambientales con al menos siete municipios de Sucre en los que también se han identificado riesgos.
“Advertimos que el contexto de amenaza se materializa con los homicidios selectivos y de configuración múltiple, presentados como crímenes para imponer un orden represivo, la expansión del mercado local de sustancias psicoactivas y de la economía ilegal del narcotráfico, el aumento en la extorsión, inhibición de la denuncia y temor a represalias”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El ente de derechos humanos envió 17 recomendaciones al Gobierno y a las autoridades locales para que exista una mejor articulación entre las entidades y las autoridades étnicas.
Las recomendaciones "contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta", de acuerdo con Camargo, así como pautas para un "efectivo acceso a la administración de justicia" y "medidas de prevención temprana y protección apremiante en favor de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad".
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